Querido Rafael

Mis amigos me cuentan que la organización “acción ecológica” ha sido clausurada por decisión oficial.

me cuesta creerlo.

ojalá no sea cierto.

yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que celebramos la nueva constitución del ecuador, que por primera vez en la historia ha consagrado los derechos de la naturaleza.

y yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que creemos que la independencia de las organizaciones ecologistas es la mejor garantía de la defensa de esos derechos.

va el abrazo de siempre,

Eduardo Galeano

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LIMA, feb 26 (Reuters) – Buenaventura, la principal productora de metales preciosos de Perú, reportó el jueves pérdidas por 6,1 millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado, por una caída en los precios de los minerales.
Buenaventura reportó en el cuarto trimestre del 2007 una utilidad de 120,1 millones de dólares.
Con estos resultados, las utilidades de Buenaventura sumaron en todo el año pasado los 153,3 millones de dólares, un 44 por ciento menos que en el 2007.
“Como esperábamos, debido a la caída de los precios de los commodities, Buenaventura reportó una pérdida neta de 6,1 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2008″, dijo el presidente ejecutivo de la minera, Roque Benavides, en un comunicado.
La minera es dueña de un 43,65 por ciento de Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, la cual es controlada por la estadounidense Newmont Mining .
Además posee un 19,05 por ciento de participación en la productora de cobre Cerro Verde , que es controlada por Freeport-McMoran Copper & Gold .
PRODUCCION Y VENTAS
Buenaventura detalló que su producción de oro, incluyendo su participación en Yanacocha, alcanzó en el cuarto trimestre las 296.105 onzas, un 6,0 por ciento menos que el mismo lapso del año anterior.
En todo el 2008, la minera alcanzó una producción de 1.212.945 onzas de oro, un 12 por ciento más que el 2007.
En tanto, su producción de plata se redujo en un 5,0 por ciento, a 4.007.958 onzas, en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que todo el año pasado acumuló 15.530.981 onzas, un 5,0 por ciento más que el año previo.
Perú es uno de los principales productores mundiales de metales y tiene a la minería como uno de los motores de su economía.
Pero la crisis financiera global ya golpea a las exportaciones peruanas, debido al desplome de los precios de los minerales,
Según Buenaventura, el valor de sus ventas netas cayeron en el cuarto trimestre del año pasado un 32 por ciento, a 155 millones de dólares, frente al mismo lapso del 2007, mientras que en el 2008 sólo se incrementaron un 3,0 por ciento a 766,6 millones de dólares, frente al año previo.
Las ventas se redujeron debido “a la caída en los precios de la plata y los metales báéicos, así como por el menor volumen de ventas de plata, plomo y zinc. Por otro lado, el volumen del oro vendido así como su precio, permaneció estable”, agregó la minera en el comunicado.
(Por Teresa Céspedes, Editado por Mario Naranjo)
Rhttp://about.reuters.com/dinamic/countrypagesperu/1235690707nN26293434.ASPEUTERS TC MN MN
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Les entrego estas reflexiones tomadas de:
http://www.herramienta.com.ar/print.php?sid=524

Autores: Guido Galafassi* y Andrés Dimitriu**

“Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza” (pp. 16)
Esta afirmación no fue dicha ni por un alto funcionario del FMI en viaje de monitoreo por algún país deudor, ni por ningún funcionario del Banco Mundial en ninguna conferencia sobre ayuda al desarrollo, ni por ningún funcionario de las Naciones Unidas en alguna cátedra sobre Democracia y Ambiente. Tampoco fue dicha por ningún representante empresario en el coloquio anual de IDEA, ni por ningún funcionario de medio ambiente en cualquiera de sus niveles. Sencillamente constituye un párrafo jugoso del texto que Nicolás Gutman firma (en tanto “Experto en temas de minería y ambiente”) para el número de mayo de Le Monde Diplomatique, edición argentina.
Generoso en el uso de datos, citas, reflexiones y saberes previa y colectivamente acumulados por las propias asambleas que se oponen al saqueo (que creen en la propiedad colectiva de saberes, y por lo tanto no reclaman derecho de autor, pero si en el valor político y pedagógico de acreditar las fuentes), el artículo provee una idea aproximada de la magnitud del negocio pero incorpora, desde el comienzo, el tipo de anzuelos retóricos que implican, con algunas modificaciones, más de lo mismo. No está solo en esa postura: los intereses particulares organizados alrededor de la extracción minera contemplan y anticipan en sus estrategias, después de varios siglos de experiencia, que no todo es aceptación sino que hay rechazo, “indecisos’ y -por diferentes razones- ignorancia. Si el plan “A” era -o es- “ir, extraer todo lo posible y retirarse antes de que la población se dé cuenta”, el plan “B” es la suma de maniobras imaginables destinadas a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si fueran “ataques’. Plan “C”, no hace falta decirlo, es cuando -con intervención del Estado- el rechazo al saqueo es criminalizado para justificar el uso de la fuerza física (guerra por recursos, persecución política).
Volviendo al cruce científico-político; es sabido, aunque no muy divulgado, que siempre fue estratégica la subordinación de muchos científicos y muchas instituciones -asociadas a la administración de la ciencia y la técnica- al capital[1]. ¿Será necesario acaso recordar que Exxon, Shell, Monsanto, Unilever, Dupont, Repsol, etc. (algunas de las corporaciones más denunciadas en relación a la destrucción de la vida en sus diversas dimensiones) llevan adelante importantes acuerdos y convenios con las máximas instituciones de la ciencia y la tecnología a nivel internacional para promover el “desarrollo científico y el progreso de la humanidad”, o que, y tomando un ejemplo mucho más cercano, la Universidad Nacional de Tucumán participa del consorcio que explota la mina Bajo La Alumbrera, para siquiera esbozar algún dejo de duda respecto a la eficiencia en relación a esto del “cruce entre la ciencia y la política a la hora de prevenir los desastres ambientales”?.
A priori, tanta ingenuidad en boca de un “experto” hace un poco de ruido y amerita un análisis un poco más profundo. Pero acaso ¿algo nuevo bajo el sol? No son las políticas explícitas y burdas las que deberían llamar la atención, sino el envoltorio retórico y otros recursos publicitarios que las suelen encubrir y justificar, usado como escudo flexible para atenuar el choque de intereses. Dado que las evidencias empíricas y la apreciación subjetiva-valorativa sobre las consecuencias del saqueo suelen resultar chocantes, la proporción y/o combinación de planes A, B y C puede variar según indiquen diferentes termómetros y oráculos. La dimensión que nunca faltó en el repertorio colonial, en todo caso, es la cultural, la que asocia la extracción de bienes comunes con la “aventura” del “Hombre”, con “destinos de grandeza”, con la exploración y traspaso de fronteras que se logra transitando el “inevitable -aunque sacrificado- camino hacia el progreso”. Todavía pesan las románticas metáforas sobre pioneros lanzados a buscar oro, el gold rush californiano o, después que EEUU le comprara Alaska a Rusia, el Klondike de 1870 saturado de aventureros dispuestos a pagar fortunas por una docena de huevos, según la narrativa utilitaria de Jack London. Es en la temprana política “criolla” donde se manifiesta ese interés de manera más tangible. Bernardino Rivadavia fue, aparte de presidente y mediador para la primer deuda externa de la Argentina, titular de la empresa Rio de la Plata Mining Company y gestor del primer acceso británico al oro en el Famatina. Los primeros pasos de la literatura rioplatense, como recuerda Adolfo Prieto, “tiene que ver, en primer término, con la atracción que la explotación de las minas de oro y plata de la región andina pareció ejercer sobre inversores ingleses”[2].
Bien, se habla también de instituciones débiles y de poca independencia de los organismos de control y demás. Pero el mismo autor, en párrafos anteriores decía lo siguiente: “En Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector, la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del gobierno, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que `la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región´ y agrega que `el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32.000 millones de dólares o más” (pag. 14). Sí, esto es así, y no lo dudamos, pero nos preguntamos entonces donde quedó aquello de la relación directa y proporcional entre debilidad institucional + pobreza e impacto socio-ambiental de la minería -lo que en el texto se llama “accidentes”, si hasta en el propio EEUU -paradigma de la perfección institucional moderna- el desastre minero llega a magnitudes increíbles. Es que, por empezar, quizás no sean tan “accidentes” sino una consecuencia esperable de la lógica dominante, aquella de mercantilizar la existencia y medir todo en términos de costo-beneficio (si hasta la destrucción de las cuencas hídricas es medida por la propia EPA solo en millones de dólares), lógica que incluye la institucionalidad estatal en todos sus niveles, por cuanto no podemos seguir cayendo, otra vez, en la ingenuidad de creernos la supuesta independencia de la democracia representativa respecto al proceso económico. Todo lo dicho y demostrado respecto a la invasión estadounidense de Irak y sus cuencas petrolíferas es más que suficiente para derribar tal suposición discursiva.
“Entregar las riquezas del subsuelo del país a estas empresas es abrir las puertas a un grupo que incluye desde EMPREAS SERIAS [sic], hasta aventureros del momento, pasando por fuertes lobbies políticos y gigantescas corporaciones, cuyo punto en común es que todos pueden causar una catástrofe ambiental. Por esta razón, las mejores legislaciones se adelantan a los hechos y ante los proyectos de minas a cielo abierto plantean estrictos requerimientos financieros y penalidades: desde fideicomisos manejados por el gobierno; requisitos de seguros para el cierre de operaciones adquiridos en el mercado y en relación a los costos estimados (no sólo de ganancias sino también de la potencial afectación ambiental), hasta el cierre efectivo de la mina, entre otros muchos complejos mecanismos. Aún así, estas sofisticadas baterías jurídicas han demostrado no ser totalmente eficaces” (pp. 16) (el subrayado es nuestro).
Además de sostener la diferencia dibujada entre empresas serias y aventureros (distinción que todas las comunidades que luchan contra el saqueo reconocen como recurso discursivo que solo sirve para crear confusión y distracción, es decir una clásica táctica utilizada por los saqueadores para ganar tiempo) lo que se está diciendo en este párrafo merece una especial atención. Se está proponiendo, en primer término, mantener aquella fórmula de la economía ambiental neoliberal basada en el principio mercantilista de “el que contamina, paga”, una astuta respuesta empresarial (con apoyo académico) a las primeras catástrofes de primera categoría en zonas industrializadas occidentales (no en África, América Latina o Caribe, eso hubieran sido catástrofes de “segunda” o “tercera” categoría). El incendio de un río en Ohio y el smog Londinense, entre muchos otros, motivaron el descubrimiento -a principios de la década de los 70- de una novedosa y hasta entonces insospechada fuente de beneficios paralelos generados alrededor de los “accidentes” e “impactos” ambientales que, con el correr de los años, se transformó en la justificación e incluso un poderoso incentivo a la contaminación[3].
Contaminar y “remediar” caminan desde entonces juntos de la mano, asignando precio a los daños, a la salud, a las personas, a los territorios, al mar. Nacía el “environmental management”, el “manejo racional” del “medio-ambiente” y el “desarrollo sustentable” que, con su correspondiente enjambre de funcionarios, consultores en marketing e imagen, agentes de seguros, estudios jurídicos especializados en derecho ambiental, ingenieros especializados en equilibrio ambiental y expertos en cálculo de costo-beneficio, daba sus primeros pasos. La naturaleza es tratada como un trabajador más, un obrero al que no se le permite dormir (es inconcebible que haya “yacimientos” o “depósitos” que no sean explotados) ni quedarse quieto. La expresión working forests, referida a los bosques nativos del Canadá, implica que los árboles (depósito de madera, no albergue de rica variedad de flora y fauna) no “pueden quedarse ahí sin hacer nada”: deben trabajar, es decir ponerse al servicio de quienes tienen el capital, la maquinaria y el apoyo institucional para servir a la “humanidad”. Cuando hay protestas, se agrega -cobrando la diferencia- el rubro verde: volteo certificado. Que haya múltiples consecuencias sociales, culturales y ecológicas es visto como un problema y a la vez un negocio que se caracteriza por ser un renovado desafío a la tecnología, a la capacidad de las comunidades locales de sacrificarse sonriendo, que denominan adaptarse con “fortaleza institucional”. Incluso hay créditos del BID para ese tipo de fortalecimiento y “empoderamiento”. La mención del ideograma chino de crisis, que representa al mismo tiempo amenaza y oportunidad es típica. La usaron Heidi y Alvin Toffler, Rodolfo Terragno y últimamente el laureado director de cine y promotor global del negocio de los biocombustibles Al Gore. Lo que de ninguna manera admiten los defensores y beneficiarios del sistema es frenar el sagrado circuito de la acumulación ni sus componentes esenciales. Esa, prefieren creer, sería la peor y más temida catástrofe, no el calentamiento global, la desertificación, el éxodo en gran escala, la explotación humana, el genocidio social, ambiental y cultural. El mega-negocio de los bonos verdes, como justificativo para extender la superficie mundial de monocultivos para “producir” agrocombustibles (y el sector minero, junto al consumo suntuoso en los centros urbanos y la industria bélica, es uno de los mayores consumidores de energía del mundo, aunque luego figure en las estadísticas como consumo “argentino”, “chileno”, ’boliviano”, etc), es el ejemplo más concreto.
De lo que se trata entonces, según los proponentes de esta escenografía, es de generar mecanismos político-financieros que penalicen a las explotaciones mineras que no llevaron adelante una “extracción responsable”. ¿Cuál es el discurso subyacente a este tipo de promesas? Hay varias lecturas para hacer de este esquema. En primer lugar no olvidemos que capitalismo no garantiza que le vaya bien a “los” capitalistas sino que implica la liberación -hasta adonde se pueda – de las condiciones para, luego si, entrar en feroz competencia. Que haya perdedores es normal, por eso la puja empresarial incluye la intervención (directa, indirecta, con lobbies o candidatos propios) en la redacción de las leyes. Por supuesto que esto implica no tener en absoluto en cuenta que la mayoría de los desastres asociados en la extracción minera son ambiental y socialmente irreversibles, y que por lo tanto no podrían pagarse ni “con todo el oro de Moscú”. Tampoco contempla el control social sobre el uso posterior de los metales y minerales obtenidos (por ejemplo el uso para industria bélica de grandes potencias). Y por otro lado confirma una visión predominantemente fragmentada y economicista de la problemática, cuando en realidad la problemática es notoriamente más compleja que una simple ecuación financiera o una burda relación costo-beneficio.
Lo que, intencionadamente o ingenuamente, dejan de lado estas visiones simplistas es la complejidad intrínseca en el que está envuelto todo proceso de intervención minera en una región. Pues la minería a gran escala y a cielo abierto implica romper toda una serie de lazos y relaciones no solo económico-ambientales, sino también sociales, culturales, territoriales y políticas. Dado que su altísimo nivel de impacto y destrucción va mucho más allá de la contaminación o del problema de las regalías o las cuentas impositivas o de ingresos o egresos para el Estado. Estos proyecto van de la mano con una renovada forma de conquista que implica tanto la destrucción del entramado productivo que sostiene con vida a la región como un proceso velado de colonización cultural junto a mecanismos de compra de voluntades y ruptura de los lazos comunitarios. Es evidente, que el ser un experto en minería y medio ambiente no es suficiente para ver toda la complejidad de este proceso de saqueo, aunque paradójicamente las propias comunidades afectadas si fueron y son capaces de verlo.
“A modo de ejemplo, en 1992 la pequeña mina de Summitville, en Colorado, Estados Unidos, que sólo pudo explotar minerales por un valor de 130 millones de dólares, significó para los contribuyentes locales un costo de 200 millones de dólares (hasta la fecha) para limpiar el río Alamosa, contaminado con cianuro desde el primer día de operaciones. Los ejemplos abundan, y queda claro que las ínfimas regalías que van a dejar los nuevos megaproyectos de la cordillera no podrían cubrir el costo de la más mínima eventualidad o accidente” (pp. 14)
Lo primero a destacar es la aparente convicción de que la contaminación con cianuro puede ser “remediada”, lo cual es un absurdo y una falacia total. Cualquier mínimo conocimiento ecológico (el nivel empírico de la ecología) puede fácilmente demostrar que los complicados procesos de contaminación (que implican infiltración y distribución de la sustancia contaminante en múltiples formas), y en especial la contaminación con el mortífero veneno llamado cianuro, son harto difíciles de limpiar, por no decir imposibles en la enorme mayoría de los casos. Es que lo que está subyaciendo es la tesis de que el cianuro puede ser usado responsablemente, es decir con controles y manejo eficaz. Es decir otra vez el Plan “B”.
En segundo lugar, se vuelve a insistir con la formula de “el que contamina, paga”; es que el problema pareciera empezar y terminar en la incapacidad que las -de por sí- ínfimas regalías poseen para cubrir el costo del daño, suponiendo, además, que tanto el daño como la amenaza de daño son aceptables y pertenecen a una inevitable “tradición” productiva. Tratemos con un ejemplo lamentablemente cotidiano: si una persona entra armada a una farmacia y exige dinero ¿necesita disparar para transformarse en asaltante? De nuevo, el saqueo se reduce a un simple reduccionismo financiero, de relativa fácil solución: se aumentan las regalías y todo solucionado; para la lógica del saqueo y los intereses a corto plazo de los saqueadores, obviamente.
“Empresas que en sus países de origen se comportan como agentes sociales comprometidos, invirtiendo en las comunidades en donde están presentes, en otros contextos y latitudes son acusadas de graves hechos de corrupción y hasta de violencia” (pp. 16)
Qué decir respecto a esto. Se trata del principal truco de la sociedad de mercado: ocultar las consecuencias sociales y ambientales que hacen o hicieron posibles sus éxitos, es decir la doble moral o “doble standard” que nunca es recíproco o se puede invertir (¿europeos mendigando en las calles de África mientras los africanos manejan Volvos? no, claro que no, pero tampoco al revés). Tratemos de poner en la misma mesa a los vecinos que viven aguas debajo de los emprendimientos mineros con los gerentes y accionistas de “exitosas” empresas mineras, inmediatamente después de hacer una gira por alguna de las cunas urbanas que albergan a sus principales beneficiarios. Pero no hace falta ir hasta Puerto Madero, los suburbios ricos de Toronto o la Bolsa de Valores de Nueva York para registrar los contrastes: todos los habitantes de la Comarca del paralelo 42 (noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro) conocen perfectamente la notoria capacidad de incidencia política, cultural e inmobiliaria de Joe Lewis, un “empresario comprometido y que invierte en su comunidad”, con su cada vez más ampliada estrategia de canjear relaciones públicas a cambio del uso privado (violando incluso la ley, en complicidad con el Estado) de uno de los más bellos paraísos de la cordillera patagónica.
Lo que sucede, es que estas visiones “tecnicistas” de la existencia (tecnicismo ambiental y financiero en este caso) son incapaces de reconocer la complejidad de la vida y de las relaciones sociales, cayendo en un reduccionismo fenoménico que niega la totalidad, fragmentando la realidad en compartimentos estancos, negando así la unidad en la diversidad.
Si en cambio, no cayéramos en este reduccionismo tecnicista, podríamos ver fácilmente que la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro (o cualquier procedimiento contaminante que la sustituya) no constituye un proyecto económico aislado, sino que por el contrario se enmarca en el renovado papel asumido por América Latina y el Tercer Mundo en tanto exportador de materias primas para abastecer las necesidades del capital internacional (no las de la humanidad que sigue padeciendo hambre). Pero esta explotación de recursos naturales mantiene los patrones generales de apropiación indiscriminada descriptos claramente en, por ejemplo, “Las venas abiertas de América Latina” (de Eduardo Galeano).
Si viéramos que la lógica de acumulación y maximización de ganancias socava su propia fuente de sustentación al agotar los recursos, podríamos entender el proceso minero de forma más fácil y directa. Es que la lógica de maximización de las ganancias no tiene en cuenta (no puede tener en cuenta, por cuanto aumentaría sus costos a niveles inalcanzables) la tasa de reproducción de los recursos (en el caso de recursos renovables) o el ciclo de agotamiento o perjuicio sobre el ambiente. Esto termina generando impactos, en muchos casos irreversibles, cuyos costos los paga la sociedad en su conjunto y, muy de vez en cuando también el propio capital. La minería de oro posee la particularidad, al ser una actividad de corto o mediano plazo, de generar fuertes impactos nocivos sin que el capital que lleva adelante la extracción se vea perjudicado directamente por los mismos, ya que una vez terminada la apropiación se retira a nuevos espacios a reiniciar el ciclo. Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades locales y en el ambiente regional. Esto facilita el uso de procesos “brutales” de extracción en pos de la maximización de las ganancias. Es por esto que la minería de oro a cielo abierto constituye una actividad en la cual no está presente ninguna consideración real (más allá de lo discursivo) hacia la ecuación “tecnología de bajo impacto / preservación de la explotación en el tiempo” (formula presente en las tácticas empresariales de desarrollo sustentable), por cuanto esto implicaría aumentar exponencialmente los costos y así disminuir las ganancias en algunos casos, o renunciar lisa y llanamente el emprendimiento en otros. Pero además es importante dejar bien en claro que no existe una tecnología alternativa: la minería de oro a cielo abierto exige la destrucción de cientos de km2 de territorio, genera millones de toneladas de residuos minerales (liberando todo tipo de sustancias al aire y a los cursos de agua), implica la contaminación y/o el agotamiento de las reservas de agua regionales, el uso masivo de explosivos, y la utilización de miles de toneladas de cianuro y otras sustancias tóxicas. Es fundamental establecer que el cianuro constituye un compuesto químico absolutamente nocivo para la vida, es un veneno altamente mortal. Y por más “manejo responsable” que se haga de él, no se modifican sus cualidades altamente tóxicas y mortales.
A esto hay que sumarle la perversa legislación y marco económico que permite una de las más altas tasas de rentabilidad del mundo, las que en el caso de ser reformadas solo posibilitarían la redistribución de la renta entre el Estado (en sus diferentes niveles) y los capitales nacionales o regionales, cómplices y coparticipes ambos del proyecto minero vigente. De control social sobre el circuito total de la economía, incluyendo los riñones estratégicos, ni se habla. Del uso extorsivo de las finanzas, del comercio y de la política cotidiana para justificar roles subordinados y dominación tampoco.
Por lo tanto, a esta altura del debate, es fundamental volver a advertir sobre el “Plan B” del proyecto minero (concepto largamente tratado por las comunidades afectadas y las organizaciones contra el saqueo), es decir sobre aquellos que proponen una modificación de la legislación, o de los marcos regulatorios de las regalías y la carga impositiva, o del pedido de mayores controles por parte del Estado, pero sin alterar ni un ápice la lógica central de la carrera por la acumulación, el saqueo y la especulación global que necesariamente acompañan al proceso de extracción/explotación. El caso extremo lo constituyen estas propuestas de ciertas corporaciones técnico-político-económicas (asociadas en muchos casos con fundaciones y ONGs supuestamente ambientales o de interés ciudadano) que plantean realizar minería de oro a cielo abierto a través de un “uso responsable del cianuro” (en consonancia con la tan de moda muletilla de la “responsabilidad social empresaria”). La imposibilidad técnica, político-económica y de gestión de esta metodología de producción lo demuestran los cientos de casos de devastación ambiental y regional en todo el mundo.
“Todas las actividades humanas e industriales generan algún tipo de contaminación; el debate no debe plantearse entonces como desarrollo versus contaminación. Es necesario más bien analizar cómo se pueden minimizar las consecuencias negativas del desarrollo industrial, que en el caso de la minería presenta graves peligros e inconvenientes. Para ello, la ciudadanía debe poder participar del monitoreo’ (pág. 14)
Es exactamente así como argumenta el mismo sector minero, que pregona el desarrollo industrial genérico porque tiene ante sus ojos un mapa sin fronteras cuando se trata de sus expectativas, un mapa que sin embargo se llena de barreras de acceso al momento de repartir consecuencias o beneficios. Es por eso que suponer o proponer que “la ciudadanía debe poder participar en el monitoreo [sic]” es una propuesta de división del trabajo que resulta, por lo menos, hilarante y no respeta, por ejemplo, la histórica derrota política que las comunidades de Esquel y otras de la zona infligieron en el plebiscito de marzo de 2003 contra la política minera en la región.
No es ninguna casualidad que estas visiones tecnicistas y reduccionistas mantengan una alta coincidencia con la predica que viene desarrollando el Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development), con su capítulo nacional, el CEADS[4]. Esta asociación constituye una estrategia muy hábil de las grandes corporaciones multinacionales en pos de mostrar una cara amigable hacia los problemas de la humanidad (problemas en su mayor caso generados por la lógica presente en estas mismas corporaciones). Entre los objetivos del WBCSD figuran por ejemplo:
Participar en políticas de desarrollo con el objetivo de crear una estructura legal de condiciones para los negocios que implique una contribución efectiva al progreso sustentable de la humanidad. Contribuir hacia un futuro sustentable para naciones en desarrollo y en transición Demostrar las contribuciones que los negocios pueden hacer para encontrar soluciones basadas en el desarrollo sustentable
Creemos que no es necesario abundar respecto a que las tácticas del “uso responsable del cianuro” y de la “responsabilidad social empresaria” son las manifestaciones concretas de esta estrategia del “desarrollo sustentable corporativo”. Otra clara demostración del Plan B.
Además el WBCSD posee un área especial para “Minería y Minerales” (el MMSD), en donde desarrollaron una agenda con los principales desafíos del sector frente al desarrollo sustentable[5]. Algunos de ellos son:
Manejar el impacto ambiental de las minas, asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria de minerales lograr un control, uso y manejo responsable de las tierras y desarrollar un impacto positivo en las comunidades locales.
Cualquier semejanza con las visiones tecnicistas y reduccionistas enroladas en el Plan B minero, no es pura coincidencia.
En síntesis, todas estas propuestas y análisis técnicos e intelectuales que por un lado explican los desastres ambientales y financieros que esta lógica de explotación minera implica (pero nunca llegando a revelar el desastre en términos de desarrollo social y comunitario que estos planes productivos conllevan, por cuanto están formados y son claros defensores de la lógica general de la democracia representativa -es decir restrictiva y limitada- y la economía de mercado -motorizada por aquellos que trabajan mientras otros acumulan ganancias-) pero que finalmente solo proponen mejorar los “mecanismos de control para minimizar los impactos”, junto a los intelectuales y científicos que se dedican a estudiar a los movimientos sociales que luchan contra el saqueo en lugar de estudiar a las corporaciones, capitales y lógicas estatales que perpetran el saqueo, conducen -consciente o inconscientemente- a abonar y mejorar el Plan B de esta lógica expoliadora. Este Plan B se impone toda vez que las formas más burdas y descaradas de despojo encuentran resistencia en la población, por lo tanto el capital saqueador debe encontrar formas más suaves y flexibles para lograr sus objetivos expoliadores, penetrando y fragmentando la resistencia civil, lo que implica seguramente ceder ciertos márgenes de maniobrabilidad y tener que negociar ciertos márgenes “aceptables” en pos de una “minería responsable”. Es que los elevadísimos niveles de rentabilidad presentes en el negocio de los recursos naturales permite esta flexibilidad, y surgen así los programas de “responsabilidad social empresaria” y de “desarrollo empresarial con conciencia ambiental”. Sin lugar a dudas que estos planes B empresarios, abonados por técnicos, intelectuales y ciertas ONGs (algunos a sueldo y otros solo por vocación) son el mayor desafío a vencer por parte de la resistencia civil, dado que “de noche, todos los gatos son pardos”.
Es por esto que los vecinos de Esquel, de la Comarca Andina, de los pueblos de Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Jujuy y de otros puntos del país que se van sumando, todos claros impulsores del movimiento masivo de oposición al saqueo y la contaminación, fueron y son claros y contundentes al respecto:
NO a la MINA. NO es NO! ¿Qué parte del “NO” no entienden?.

Uno de los problemas más grave que veo con esta noticia (favor ver abajo) es que el gobierno ya esta actuando como si tuviera una LEY DE MINERÍA APROBADA. ¿Implica esto que se siente seguro que va a contar con los votos de su congresillo para aprobarlo?

Denunciemos a la opinión pública esta nueva porquería y alertémosle sobre el caos social, cultural y ambiental que se generará en caso de aprobarse la Ley tal como la estan proponiendo.  El irrespeto de las decisiones de las comunidades, la eliminación del impuesto especial sobre ganancias extraordiarias, los rídiculos patentes para explorar y explotar, las bajas regalías, la eliminación de estudios de impactos ambientales para ciertas fases, etc.- crearán otro escenario parecido al de hace poco reinó los atropellos a nuestros derechos, la violencia, enfrentamientos, y la descomposición social y cultural de nuestras comunidades.

La mirada del neoliberalismo sobre la explotación de los recursos naturales es precisamente centrada en la “riqueza” económica y material creada por sus proyectos y políticas, y de ignorar totalmente los costos ambientales, culturales y sociales.  Ahora este gobierno de la larga noche neoliberal nacionalista, pretende no solo seguir viviendo esa noche, pero peligrosamente, de transformala en una pesadilla nacionalista, con todos los riesgos a los derechos humanos que implica (oponerse a un proyecto “nacionalista” y una empresa nacional es muy diferente que oponerse a una empresa y un proyecto  transnacional). !!La contaminación por el bien del “pueblo” hay que aguantarselo!!   Me imagino que igual pobre lógica aplica a la destrucción de pueblos milenarios, áreas naturales protegidas, especies, y bosques nublados y páramos generadores de agua prístinas.  Nada es sagrado ni indispensable ante la necesida de financiar el presupuesto.

Actúemos a tiempo!

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Por Silvia Santacruz
Noticias Mineras del Ecuador

Washington D.C., Septiembre 15, 2008 —  La industria minera ecuatoriana recibió un doble espaldarazo la semana anterior: el anuncio de la eliminación del 70 por ciento sobre las ganancias extraordinarias, y la publicación del último borrador de la ley minera, corregida por el presidente Rafael Correa.

La nueva ley minera será aprobada en Octubre por el Congresillo, un cuerpo legislativo interino que se conformará si los ecuatorianos aprueban la nueva constitución en las referéndum de Septiembre 28.

Las firmas mineras serán exentas del temido impuesto sobre las ganancias extraordinarias, y se aplicará únicamente sobre las empresas petroleras y de gas, mediante correcciones en la Reformada Ley Tributaria, reveló el viceministro encargado de minas, Xavier Córdova.  El anuncio lo hizo durante el Foro de Oro de Denver, un evento de metales preciosos que se llevó a cabo en Colorado, el martes pasado, según el periódico canadiense Report on Business.  Lea Ecuadorean Official Pledges Fair Rules for Foreign Miners

Córdova dio la sorpresiva noticia frente unos 700 inversionistas mineros, analistas, y ejecutivos que participaron en el Foro de Denver, incluyendo representantes de firmas internacionales con operaciones en Ecuador.  Entre ellos, International Minerals (TSX:IMZ), Kinross Gold Corporation (TSX:K, NYSE:KGC), Aurelian Resources (TSX:ARU),  y IAMGOLD Corporation (TSX:IMG, NYSE:IAG).  Vea las presentaciones de las firmas: IMZ, KGC, IMG.

El viceministro Córdova también reveló el contenido de la última versión de la ley minera, que incluye una regalía sobre los ingresos, entre el 3 y el 8 por ciento.  Asimismo, el representante gubernamental calmó  el nerviosismo de una supuesta nacionalización de los activos mineros, con la creación de la empresa minera nacional.

“El interés de crear una empresa minera nacional no tiene nada que  ver con quitar las concesiones o los proyectos,” dijo a Report on Business.  Sin embargo, de acuerdo con el art. 11 del borrador de la ley, “…el estado desarrollará operaciones mineras a través de la Empresa Nacional Minera, que creará asociaciones de economía mixta…”

Una copia del último borrador de la ley, fue obtenido la semana pasada por la Cámara de Minería Ecuatoriana, en Quito, tras solicitarla formalmente a Alexis Mera, el abogado de la presidencia.  El nuevo borrador tiene ahora 48 páginas, menos de la mitad de la original de 110 páginas, elaborada dos meses atrás por el Ministerio de Minas y Petróleos (MMP), y está disponible en Internet. Lea el borrador de la ley minera

Si los ecuatorianos votan a favor de la nueva Constitución el 28 de Septiembre, el proyecto de ley minera será aprobado por el Congresillo, un órgano legislativo que se mantendrá la representación de la Asamblea Constituyente, que gozaba de una abrumadora mayoría del partido político de gobierno, Alianza País. Según la última encuesta de Cedatos, el 55 por ciento de los ecuatorianos aprobará la constitución, contra apenas un 27 por ciento votarán en contra.  Lea la Encuesta de Cedatos.

Otros cambios incluyen una regalía máxima del 8 por ciento, en lugar de 5 por ciento de la original, y la extensión de los años de exploración de 20 años no-renovables a 30 años renovables.  La última versión también confirma las aseveraciones del ministro Galo Chiriboga, el 30 de Junio, respecto a que las consultas de las comunidades aledañas a las operaciones mineras, pero no tendrán derecho de veto.  Lea los comentarios de Chiriboga en Reuters

La nueva ley también controlará la especulación de las tierras, una de las principales razones por las que el MMP justificó la revocación concesiones, realizadas hace pocos meses.  El documento impone una tasa administrativa de USD 1.000 no reembolsable, según el Art. 20, y una patente anual por $ 5 por hectárea durante las actividades de exploración y $ 10 por hectárea para los proyectos de exploración avanzada.

Asimismo, el borrador impide a las empresas mineras que operan en Ecuador a demandar a través de la intervención diplomática o tribunales internacionales, según el art. 3. Ecuador enfrentó recientemente una docena de demandas internacionales de empresas petroleras, luego que el presidente Correa elevó –vía decreto— el impuesto sobre las ganancias extraordinarias del 50 al 99 por ciento.

El país estuvo demandado por unos USD 12 mil millones de dólares, que amenazaban sus cuentas nacionales.  Entre las firmas que mantenían conflictos se cuentan las petroleras Repsol YPF (España), Perenco (Francia, Reino Unido), Petrobrás (Brasil), City Oriente (Estados Unidos), y Andes Petroleum (China).  Ecuador recientemente llegó a acuerdos con las firmas extranjeras, con la condición de que las empresas retiren sus demandas internacionales.

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PUEBLO SHUAR ARUTAM

Intag, 3 de septiembre del 2008

La Cordinadora Zonal de Intag – Cotacachi, a la opinión pública

La Cordinadora Zonal de Intag, que agrupa  a las organizaciones sociales y productivas, gobiernos locales y comunidades de la zona de Intag, cantones Cotacachi y Otavalo, provincia de Imbabura,  denuncia ante la opinión pública:

Que los actos de amedrentamiento e intento de criminalización por su lucha social, que están sufriendo los compañeros Franklin Mejía y Fernando Mejía, responden a estrategias ya utilizadas por las empresas mineras con apoyo de malos funcionarios públicos con el fin de frenar la resistencia social a los proyectos extractivos mineros

Que en la zona de Intag hemos sufrido a los largo de la última década más de una decena de juicios bajo esta misma estrategia, en los cuales se ha intentado utilizar la función judicial ecuatoriana con fines protervos y funcionales a los intereses de las empresas multinacionales y de los gobiernos de turno

Que la lucha social y de resistencia es totalmente legítima ante un modelo depredador que no ha respetado a la naturaleza y las comunidades y ha privilegiado el lucro privado.

Que la Asamblea Nacional Constituyente reconoció mediante amnistía concedida a cientos de ciudadanos y ciudadanas, que han sido víctimas de estas estrategias corruptas lideradas por las empresas mineras internacionales, especialmente canadienses, que operan en nuestro país.

Frente a esta situación, expresamos nuestra solidaridad con los compañeros incriminados y exhortamos a las autoridades nacionales a que no se presten a estos actos de corrupción, que atentan contra los derechos humanos y de las comunidades.

Exigimos del Gobierno nacional el respeto a las personas que resisten a estos proyectos mineros de muerte, que se suspenda los procesos judiciales que se están siguiendo contra los compañeros y que se de inmediato cumplimiento al mandato minero de la asamblea nacional constituyente.

Comisión de prensa Cordinadora Zonal de Intag
Tel: 062648593
Email: cordinadora_zonal@yahoo.es

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MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL DE LOS PUEBLOS, NACIONALIDADES
Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ECUADOR

Las organizaciones sociales, ambientales y de mujeres,
reunidas en la ciudad de Manta los días 24 y 25 de junio
del 2008, nos dirigimos a la Asamblea Constituyente y al
país.

Considerando

Que la falta de autonomía de la Asamblea Constituyente
frente al Gobierno Central y en especial al buró político
de Alianza País, ha limitado su accionar en favor del
cumplimiento del mandato popular y en afectación de los
derechos de los pueblos, comunidades, poblaciones y
ciudadanía del Ecuador;

Que si bien se han incorporado algunos temas importantes,
otros asuntos de vital importancia como el derecho a la
consulta y el consentimiento previo, la vulneración de
las áreas protegidas para actividades extractivas, la
posibilidad de introducir organismos genéticamente
modificados en el país, el cambio del modelo extractivo,
entre otros, no están respondiendo a las propuestas
entregadas por las organizaciones ni lo que la misma
Asamblea ha recogido del pueblo en diversos foros y eventos
públicos.

Que a través del Gobierno se está impulsando y
profundizando el modelo extractivista con actividades como
minería, represas, monocultivos, agrocombustibles,
acuacultura, transgénicos, etc., las mismas que causan
graves impactos sociales y ambientales, lo cual ha sido
demostrado científicamente y que son contrarios a los
ofrecimientos de cambio hechos en campaña.

Que el gobierno nacional no respeta los derechos humanos de
las poblaciones y comunidades y las protestas son reprimidas
con violencia, como el caso de Dayuma o Azuay; se ha
deslegitimado al movimiento social y ambiental a través de
insultos y descalificaciones por parte del Presidente y se
ha desconocido la importancia de la participación
ciudadana.

Exigimos:

Que la Asamblea Constituyente asuma sus plenos poderes y
mantenga la independencia total con el ejecutivo, de lo
contrario estará traicionando a sus mandantes, que es el
pueblo ecuatoriano.

Que la Asamblea Constituyente recoja los planteamientos
realizados por las organizaciones sociales en cuanto a la
incorporación de principios fundamentales que garanticen
el cambio del modelo extractivista, el modelo neoliberal,
hacia un nuevo modelo de desarrollo, en especial el
presentado por la Asamblea Nacional Ambiental, denominada
“Hacia una sociedad equitativa y sustentable” que nos
permite construir el futuro de manera sustentable y con
responsabilidad hacia las futuras generaciones.

Que se reconozca al Ecuador como un estado plurinacional
para garantizar y efectivizar los derechos de los pueblos y
nacionalidades para vivir en armonía con todos los seres
vivos y así lograr el bien vivir.

Que se incorpore el principio de consentimiento previo
informado de carácter vinculante, con derecho a veto para
actividades que puedan afectar el patrimonio natural y
social.

Que la Asamblea rechace el Mandato Agropecuario “Mandato
PRONACA” entregado por el Gobierno, que en lugar de
solucionar el problema estructural de la crisis alimentaria
y defender la soberanía alimentaria, profundiza la
dependencia de un modelo insostenible y beneficiaría
únicamente a los grandes agroexportadores y comerciantes
de agroquímicos y es parte de las políticas neoliberales
que continúan impulsando los ministerios de coordinación
social, de agricultura y de producción, que son parte del
gabinete del Presidente Correa.

Que se incorpore la recuperación de los espacios públicos
que han sido ocupados ilegalmente por actividades
extractivistas como camaroneras, mineras, plantaciones
forestales, la revisión de las concesiones de agua y la
suspensión de las obras de construcción de la presa Baba.

Que la Asamblea Constituyente de manera inmediata conmine
al Ministro de Minas y Petróleos a que rinda cuentas del
cumplimiento del mandato minero y que de no haber actuado
con la celeridad que el mandato establece, tome las medidas
pertinentes por el bien del país.

Que se incorpore la reparación o remediación a la
contaminación ambiental por el mal manejo de los desechos
sólidos a las empresas nacionales e internacionales
causada por plásticos, latas, cartón, insumos agrícolas
y productos químicos.

Demandamos que la Asamblea garantice la vigilancia y
control social al interior de la Asamblea para evitar que
se realicen cambios inconsultos y arbitrarios en los textos
aprobados por las mesas.

Que se incorpore al texto constitucional que la protección
y tutela de la vida de las especies animales, prohibiendo el
tráfico ilegal y sevicia para con los animales.

Que se suspendan los proyectos de infraestructura y de
desarrollismo que atentan a los derechos humanos,
soberanía alimentaria y al patrimonio natural, los cuales
consolidan el modelo extractivista y no contribuyen a la
construcción de una nueva sociedad justa, equitativa y
sustentable.

Que los y las asambleístas rindan cuentas al finalizar su
gestión, de las propuestas que los movimientos sociales
han presentado a la Asamblea Nacional Constituyente y que
garantizan la refundación del país.

Que se incorporen disposiciones transitorias para terminar
con los procesos, concesiones y/o privatizadores que están
afectando la biodiversidad, el recurso forestal, recursos
hídricos, la vida de las comunidades y los derechos de la
naturaleza.

Manifestamos

Que este proceso histórico de cambio social que vive el
Ecuador, responde a una construcción colectiva a lo largo
varios años, de resistencia al neoliberalismo, a la
destrucción de los ecosistemas, a un modelo que nos ha
sumido en la pobreza, desigualdad e inequidad.

Las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional
Ambiental nos mantendremos en movilización permanente para
vigilar que la constitución cumpla con el verdadero mandato
de los pueblos, comunidades ancestrales y poblaciones
locales.

Que seguiremos fortaleciendo la unidad de los pueblos y
comunidades del Ecuador para defender nuestros derechos y
demandas.

Que no permitiremos que nuestros sueños y esperanzas de
cambio sean traicionados una vez más por los mismos
círculos de poder que se han infiltrado en el gobierno.

Firmado en la ciudad de Manta el 25 de junio del 2008

C-CONDEM CEDENMA FEPTCE COORDINADORA ZONAL DE
INTAG

COORDINADORA DE DEFENSA DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA
MOVIMIENTO DE MUJERES DEL EL ORO ACTIVISMO GLOBAL
FRENTE DE DEFENSA POR LA SALUD Y LA VIDA – CUENCA

OBSERVATORIO CIUDADANO DE SERVICIOS PÚBLICOS
CORDINADORA ECUATORIANA DE AGROECOLOGÍA COMITÉ BIPROVINCIAL POR LA NO CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BABA RED DE MUJERES POR LOS D.E.S.C.A.

MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO COORDINADORA
INTERCANTONAL DEL JUBONES-AZUAY COMITÉ DEL PANGUI
RED DE RESISTENCIA A LAS HIDROELÉCTRICAS

A petición de un lector de esta página, les ofrezco la lista que verán a continuación. La nefasta relación entre minería y salud se estudia desde que se practica la medicina como ciencia. Algunos de los estudios más interesantes a gran escala se realizaron sobre minería de carbón en Reino Unido. Y por supuesto, sobre minería metálica, se pueden llegar a elaborar decenas de estudios solamente en un yacimiento específico, así que se pueden sacar los cálculos correspondientes. Sobre minería metálica en Latinoamérica, existen especialmente muchísimos estudios realizados sobre la minería de oro en Brasil. Una buena fuente para encontrar estos estudios son las bases de datos de tesis e investigaciones de universidades de este país. También están estudios de la Organización Mundial de la Salud que hablan sobre la minería, y la clasifican entre las actividades humanas más contaminantes y con mayores impactos negativos en la salud humana. Aquí les doy una docena de referencias bibliográficas al paso, si necesitan más pueden pedirlas. Lamento informar que en la historia de la ciencia no existe ni un solo estudio que diga que la minería a gran escala ni la minería de oro sean inofensivas para la salud humana.

Sobre impactos de la explotación petrolera también hay muchos estudios. Les remito a un caso que nos resulta cercano a nosotros por ser ecuatorianos, sobre el cual ha se ha investigado bastante: Texaco (www.texacotoxico.com).

Saludos al cyberlector estudioso y que prevalezca ese espíritu científico.

ESPERAMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN QUE EL ECUADOR NO ENTRE EN LA LISTA DE PAÍSES ESTUDIADOS POR CONTAMINACIÓN DE MINERÍA A GRAN ESCALA

• Condiciones de vida, salud, seguridad e higiene en la minería del Perú, M Viera, E Ospina – LimA
• THE IMPACT OF THE GLOBALISATION PROCESS ON THE NATURAL ENVIRONMENT CONDITION, B Hadryjańska, J Smoluk – ejpau.media.pl
• Arsenic in groundwater in the Obuasi gold-mining area of Ghana: some implications for human health P. L. Smedley, W. M. Edmunds & K. B. Pelig-Ba,
• Methylmercury neurotoxicity in Amazonian children downstream from gold mining »
  P Grandjean, RF White, A Nielsen, D Cleary, EC De … – Environmental Health Perspectives, 1999 – JSTOR
• Mercury neurotoxicity from gold mining. Children’s Health *
  Health problems in Galena, Kansas: a heavy metal mining Superfund site. – all 3 versions »
  JS Neuberger, M Mulhall, MC Pomatto, J Sheverbush, …
• Health concerns in uranium mining and milling.
  VE Archer – J Occup Med, 1981 – ncbi.nlm.nih.gov
• Environmental Impacts of Metal Ore Mining and Processing: A Review – all 3 versions »
  S Dudka, DC Adriano – Journal of Environmental Quality, 1997 – Am Soc Agronom
  … A quantitative evaluation of the environmental health effects of mining and smelting
• Biomarker monitoring of a population residing near uranium mining activities
  WW Au, RG Lane, MS Legator, EB Whorton, GS … – Environmental Health Perspectives, 1995 – pubmedcentral.nih.gov
  … We found that individuals who resided near uranium mining operations had a higher
  mean frequency of cells with chromosome aberrations
• Effects of oral exposure to mining waste on in vivo dopamine release from rat striatum -
  VM Rodriguez, L Dufour, L Carrizales, F Diaz- … – Environmental Health Perspectives, 1998 – pubmedcentral.nih.gov. Our results indicate that this mining waste
  may represent a health risk for the exposed population. …
• Gold Mining as a Source of Mercury Exposure in the Brazilian Amazon – O Malm – Environmental Research, 1998 – Elsevier
  occurrence of human exposure levels that may lead to adverse health effects ..

por Natalia Sierra

Esta declaración fue dada por el presidente Rafael Correa en su última cadena radial del sábado 7 de junio. No quiero dar una opinión acerca de esta declaración solo deseo hacer algunas preguntas para dejarlas correr y que encuentren respuesta en los lectores de este pequeño texto y de pronto también dejar correr ideas.

¿Desde cuándo y porqué la izquierda está fragmentada, digamos dividida entre la izquierda moderada o nueva izquierda y la izquierda radical?, qué es lo que el presidente está entendiendo por radicalidad? ¿Cuál es la frontera, el límite, qué separa estas dos izquierdas y que justifica usar el adjetivo de radical en oposición a moderado? ¿Yo entendía que la izquierda es radical o no es izquierda, así muchos grupos políticos no radicales se hayan atribuido la nominación de ser de izquierda, sabíamos que eso era la socialdemocracia? En fin… las cosas parecen cambiar dependiendo quien tiene el poder de la palabra.

Según entiendo para el Presidente Correa lo que define la radicalidad de la izquierda en este país es su oposición a un modelo productivo extractivo (petrolero o minero), al mercado y a las transnacionales. Antes de seguir con estas preguntas, aclaremos que, si mal no entiendo, el mensaje del presidente acusa, juzga y condena a eso que él ha nominado la izquierda radical, con lo cual marca de forma definitiva la diferencia entre su ser político de “izquierda moderada” y su proyecto político de “izquierda moderada” con el ser político de izquierda radical y el proyecto político de la izquierda radical. Hecha ésta necesaria aclaración sería bueno preguntarse ¿cuándo y dónde se forjó esa izquierda que proclama una revolución sobre la base de mantener un proyecto productivo extractivo y depredador de la naturaleza, de aceptar la economía de mercado y sobre todo, y sobre todo, que defienda la presencia de transnacionales en el país?

Tampoco es fácil entender las contradicciones claramente visibles en el discurso que el presidente ha pronunciado desde la época de su campaña electoral. Es un gobierno que se ha declarado antineoliberal y yo suponía que una de las principales luchas en contra del neoliberalismo era aquella que se ha llevado adelante en contra del modelo extractivo. La lucha antineoliberal en todo el mundo ha combatido la presencia de las transnacionales no solo en las economía nacionales de los países pobres, sino su presencia en todo el planeta; hemos sido testigos del daño que la presencia de estas corporaciones han hecho en los países pobres e incluso en los países ricos: pobreza, hambre, exclusión y expulsión social, o ¿acaso hay transnacionales buenas y transnacionales malas? ¿transnacionales con rostro humano y otras inhumanas? ¿Y el asunto es saber escoger bien a cuales les permitimos entrar en nuestro país?

Entonces, de lo que entiendo la izquierda moderada, a la que el presidente representa, acepta la extracción de recursos naturales como el petróleo y los minerales, eso si de “manera limpia”, es una izquierda ecológica…. Como ecológicos son los consorcios transnacionales de agrocombustibles, al fin y al cabo no quieren contaminar el aire con combustibles tóxicos, o las empresas que compran servicios ambientales en un afán ecológico de cuidar el aire. De manera limpia o no, hay que preguntarse ¿quien tiene la tecnología para la explotación de minerales y petróleo? ¿El Estado o las transnacionales?

O quizás se espera la presencia de las transnacionales ¿buenas? Quizá por eso no se piensa, por ejemplo, terminar las concesiones de agua hechas a Inter-Agua en Guayaquil, o quizás por eso se renegoció con PORTA, ¿quizás son transnacionales con rostro humano propias de un capitalismo con rostro humano…?

Con esto me pregunto: esta izquierda moderada que acusa, juzga y condena a la izquierda radical, por ser extremista, por pedir lo imposible, por querer otro mundo, por exigir que se vayan dando los pasos necesarios para una transformación real, ¿tiene la potestad de acusar a la izquierda radical de neoliberal, de ser parte de una estrategia de la Central de Inteligencia Americana, de ser conspiradora y desestabilizadora del orden social? Es curioso que movimiento sociales, grupos sociales e individuos que toda su vida han estado bregando por la transformación social, que incluso han sido perseguidos, torturados y asesinados, solo por querer un mundo distinto, ahora sean acusados de atentar en contra de la revolución. Resulta por decir lo menos irónico…

No se ha puesto a pensar señor presidente que de pronto ser radical no es ser estúpido, no es ser neoliberal, menos aún conspirador de la CIA, es quizá querer que los cambio realmente sean de raíz, que una revolución no sea una caricatura de revolución, no sea una simulación de revolución, sino que sea una revolución. Aunque usted no lo crea señor presidente la izquierda radical, como usted la define, y créame no es un insulto más bien un halago, no es imbécil, nunca ha pedido que por obra y gracia de una varita mágica se dé la transformación, pero si exige que el objetivo de la revolución sea el anticapitalismo, que el objetivo de la revolución sea trascender esta totalidad capitalista. Es obvio que la revolución es un proceso harto complicado, difícil y largo, porque enfrentamos intereses demasiado poderosos, pero si el deseo de Otro Mundo, realmente otro es grande y si sabemos juntarnos en un proyecto de transformación real todos los sectores que nada tenemos que perder en este mundo y todo por ganar en otro, créame que la cosa se hace más fácil, pasito a pasito y con la paciencia andino-indígena que culturalmente nos caracteriza.

Por último, sería bueno saber, señor presidente ¿a donde quiere que se vayan esos que según dice son radicales, esos que no quieren explotar la naturaleza, esos que no quieren transnacionales que succionen la riqueza del país, esos que quisieran vivir en una sociedad solidaria, equitativa, recíproca y no en una sociedad de mercado donde el valor supremo es el dinero y la competencia? A dónde nos vamos a ir si esta es nuestra tierra, aquí nacimos, aquí vivimos, aquí amamos, aquí luchamos, aquí sufrimos, aquí están enterrados nuestro muertos, todos nuestros antepasados, este es nuestro lugar; y créame que no somos neoliberales, no somos de derecha, no somos agentes, quizás muy locos, si, y créame no queremos boicotear la revolución, pero esa revolución suya es como dice el filósofo esloveno “una revolución sin revolución, es algo así como tomar café descafeinado”, pero al fin eso quizás se justifica por salud. Aún hay tiempo señor presidente para que deje de ser un moderado de izquierda y se haga un radical, seguro que el pueblo todo lo apoyará. Un radical que pongan con todo el pueblo las bases sobre las que se levantará en el futuro el Otro mundo.

- Natalia Sierra, socióloga, docente de la Universidad Católica de Ecuador

Tomado de: http://alainet.org/active/24658