Les entrego estas reflexiones tomadas de:
http://www.herramienta.com.ar/print.php?sid=524
Autores: Guido Galafassi* y Andrés Dimitriu**
«Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza» (pp. 16)
Esta afirmación no fue dicha ni por un alto funcionario del FMI en viaje de monitoreo por algún país deudor, ni por ningún funcionario del Banco Mundial en ninguna conferencia sobre ayuda al desarrollo, ni por ningún funcionario de las Naciones Unidas en alguna cátedra sobre Democracia y Ambiente. Tampoco fue dicha por ningún representante empresario en el coloquio anual de IDEA, ni por ningún funcionario de medio ambiente en cualquiera de sus niveles. Sencillamente constituye un párrafo jugoso del texto que Nicolás Gutman firma (en tanto «Experto en temas de minería y ambiente») para el número de mayo de Le Monde Diplomatique, edición argentina.
Generoso en el uso de datos, citas, reflexiones y saberes previa y colectivamente acumulados por las propias asambleas que se oponen al saqueo (que creen en la propiedad colectiva de saberes, y por lo tanto no reclaman derecho de autor, pero si en el valor político y pedagógico de acreditar las fuentes), el artículo provee una idea aproximada de la magnitud del negocio pero incorpora, desde el comienzo, el tipo de anzuelos retóricos que implican, con algunas modificaciones, más de lo mismo. No está solo en esa postura: los intereses particulares organizados alrededor de la extracción minera contemplan y anticipan en sus estrategias, después de varios siglos de experiencia, que no todo es aceptación sino que hay rechazo, «indecisos’ y -por diferentes razones- ignorancia. Si el plan «A» era -o es- «ir, extraer todo lo posible y retirarse antes de que la población se dé cuenta», el plan «B» es la suma de maniobras imaginables destinadas a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si fueran «ataques’. Plan «C», no hace falta decirlo, es cuando -con intervención del Estado- el rechazo al saqueo es criminalizado para justificar el uso de la fuerza física (guerra por recursos, persecución política).
Volviendo al cruce científico-político; es sabido, aunque no muy divulgado, que siempre fue estratégica la subordinación de muchos científicos y muchas instituciones -asociadas a la administración de la ciencia y la técnica- al capital[1]. ¿Será necesario acaso recordar que Exxon, Shell, Monsanto, Unilever, Dupont, Repsol, etc. (algunas de las corporaciones más denunciadas en relación a la destrucción de la vida en sus diversas dimensiones) llevan adelante importantes acuerdos y convenios con las máximas instituciones de la ciencia y la tecnología a nivel internacional para promover el «desarrollo científico y el progreso de la humanidad», o que, y tomando un ejemplo mucho más cercano, la Universidad Nacional de Tucumán participa del consorcio que explota la mina Bajo La Alumbrera, para siquiera esbozar algún dejo de duda respecto a la eficiencia en relación a esto del «cruce entre la ciencia y la política a la hora de prevenir los desastres ambientales»?.
A priori, tanta ingenuidad en boca de un «experto» hace un poco de ruido y amerita un análisis un poco más profundo. Pero acaso ¿algo nuevo bajo el sol? No son las políticas explícitas y burdas las que deberían llamar la atención, sino el envoltorio retórico y otros recursos publicitarios que las suelen encubrir y justificar, usado como escudo flexible para atenuar el choque de intereses. Dado que las evidencias empíricas y la apreciación subjetiva-valorativa sobre las consecuencias del saqueo suelen resultar chocantes, la proporción y/o combinación de planes A, B y C puede variar según indiquen diferentes termómetros y oráculos. La dimensión que nunca faltó en el repertorio colonial, en todo caso, es la cultural, la que asocia la extracción de bienes comunes con la «aventura» del «Hombre», con «destinos de grandeza», con la exploración y traspaso de fronteras que se logra transitando el «inevitable -aunque sacrificado- camino hacia el progreso». Todavía pesan las románticas metáforas sobre pioneros lanzados a buscar oro, el gold rush californiano o, después que EEUU le comprara Alaska a Rusia, el Klondike de 1870 saturado de aventureros dispuestos a pagar fortunas por una docena de huevos, según la narrativa utilitaria de Jack London. Es en la temprana política «criolla» donde se manifiesta ese interés de manera más tangible. Bernardino Rivadavia fue, aparte de presidente y mediador para la primer deuda externa de la Argentina, titular de la empresa Rio de la Plata Mining Company y gestor del primer acceso británico al oro en el Famatina. Los primeros pasos de la literatura rioplatense, como recuerda Adolfo Prieto, «tiene que ver, en primer término, con la atracción que la explotación de las minas de oro y plata de la región andina pareció ejercer sobre inversores ingleses»[2].
Bien, se habla también de instituciones débiles y de poca independencia de los organismos de control y demás. Pero el mismo autor, en párrafos anteriores decía lo siguiente: «En Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector, la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del gobierno, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que `la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región´ y agrega que `el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32.000 millones de dólares o más» (pag. 14). Sí, esto es así, y no lo dudamos, pero nos preguntamos entonces donde quedó aquello de la relación directa y proporcional entre debilidad institucional + pobreza e impacto socio-ambiental de la minería -lo que en el texto se llama «accidentes», si hasta en el propio EEUU -paradigma de la perfección institucional moderna- el desastre minero llega a magnitudes increíbles. Es que, por empezar, quizás no sean tan «accidentes» sino una consecuencia esperable de la lógica dominante, aquella de mercantilizar la existencia y medir todo en términos de costo-beneficio (si hasta la destrucción de las cuencas hídricas es medida por la propia EPA solo en millones de dólares), lógica que incluye la institucionalidad estatal en todos sus niveles, por cuanto no podemos seguir cayendo, otra vez, en la ingenuidad de creernos la supuesta independencia de la democracia representativa respecto al proceso económico. Todo lo dicho y demostrado respecto a la invasión estadounidense de Irak y sus cuencas petrolíferas es más que suficiente para derribar tal suposición discursiva.
«Entregar las riquezas del subsuelo del país a estas empresas es abrir las puertas a un grupo que incluye desde EMPREAS SERIAS [sic], hasta aventureros del momento, pasando por fuertes lobbies políticos y gigantescas corporaciones, cuyo punto en común es que todos pueden causar una catástrofe ambiental. Por esta razón, las mejores legislaciones se adelantan a los hechos y ante los proyectos de minas a cielo abierto plantean estrictos requerimientos financieros y penalidades: desde fideicomisos manejados por el gobierno; requisitos de seguros para el cierre de operaciones adquiridos en el mercado y en relación a los costos estimados (no sólo de ganancias sino también de la potencial afectación ambiental), hasta el cierre efectivo de la mina, entre otros muchos complejos mecanismos. Aún así, estas sofisticadas baterías jurídicas han demostrado no ser totalmente eficaces» (pp. 16) (el subrayado es nuestro).
Además de sostener la diferencia dibujada entre empresas serias y aventureros (distinción que todas las comunidades que luchan contra el saqueo reconocen como recurso discursivo que solo sirve para crear confusión y distracción, es decir una clásica táctica utilizada por los saqueadores para ganar tiempo) lo que se está diciendo en este párrafo merece una especial atención. Se está proponiendo, en primer término, mantener aquella fórmula de la economía ambiental neoliberal basada en el principio mercantilista de «el que contamina, paga», una astuta respuesta empresarial (con apoyo académico) a las primeras catástrofes de primera categoría en zonas industrializadas occidentales (no en África, América Latina o Caribe, eso hubieran sido catástrofes de «segunda» o «tercera» categoría). El incendio de un río en Ohio y el smog Londinense, entre muchos otros, motivaron el descubrimiento -a principios de la década de los 70- de una novedosa y hasta entonces insospechada fuente de beneficios paralelos generados alrededor de los «accidentes» e «impactos» ambientales que, con el correr de los años, se transformó en la justificación e incluso un poderoso incentivo a la contaminación[3].
Contaminar y «remediar» caminan desde entonces juntos de la mano, asignando precio a los daños, a la salud, a las personas, a los territorios, al mar. Nacía el «environmental management», el «manejo racional» del «medio-ambiente» y el «desarrollo sustentable» que, con su correspondiente enjambre de funcionarios, consultores en marketing e imagen, agentes de seguros, estudios jurídicos especializados en derecho ambiental, ingenieros especializados en equilibrio ambiental y expertos en cálculo de costo-beneficio, daba sus primeros pasos. La naturaleza es tratada como un trabajador más, un obrero al que no se le permite dormir (es inconcebible que haya «yacimientos» o «depósitos» que no sean explotados) ni quedarse quieto. La expresión working forests, referida a los bosques nativos del Canadá, implica que los árboles (depósito de madera, no albergue de rica variedad de flora y fauna) no «pueden quedarse ahí sin hacer nada»: deben trabajar, es decir ponerse al servicio de quienes tienen el capital, la maquinaria y el apoyo institucional para servir a la «humanidad». Cuando hay protestas, se agrega -cobrando la diferencia- el rubro verde: volteo certificado. Que haya múltiples consecuencias sociales, culturales y ecológicas es visto como un problema y a la vez un negocio que se caracteriza por ser un renovado desafío a la tecnología, a la capacidad de las comunidades locales de sacrificarse sonriendo, que denominan adaptarse con «fortaleza institucional». Incluso hay créditos del BID para ese tipo de fortalecimiento y «empoderamiento». La mención del ideograma chino de crisis, que representa al mismo tiempo amenaza y oportunidad es típica. La usaron Heidi y Alvin Toffler, Rodolfo Terragno y últimamente el laureado director de cine y promotor global del negocio de los biocombustibles Al Gore. Lo que de ninguna manera admiten los defensores y beneficiarios del sistema es frenar el sagrado circuito de la acumulación ni sus componentes esenciales. Esa, prefieren creer, sería la peor y más temida catástrofe, no el calentamiento global, la desertificación, el éxodo en gran escala, la explotación humana, el genocidio social, ambiental y cultural. El mega-negocio de los bonos verdes, como justificativo para extender la superficie mundial de monocultivos para «producir» agrocombustibles (y el sector minero, junto al consumo suntuoso en los centros urbanos y la industria bélica, es uno de los mayores consumidores de energía del mundo, aunque luego figure en las estadísticas como consumo «argentino», «chileno», ’boliviano», etc), es el ejemplo más concreto.
De lo que se trata entonces, según los proponentes de esta escenografía, es de generar mecanismos político-financieros que penalicen a las explotaciones mineras que no llevaron adelante una «extracción responsable». ¿Cuál es el discurso subyacente a este tipo de promesas? Hay varias lecturas para hacer de este esquema. En primer lugar no olvidemos que capitalismo no garantiza que le vaya bien a «los» capitalistas sino que implica la liberación -hasta adonde se pueda – de las condiciones para, luego si, entrar en feroz competencia. Que haya perdedores es normal, por eso la puja empresarial incluye la intervención (directa, indirecta, con lobbies o candidatos propios) en la redacción de las leyes. Por supuesto que esto implica no tener en absoluto en cuenta que la mayoría de los desastres asociados en la extracción minera son ambiental y socialmente irreversibles, y que por lo tanto no podrían pagarse ni «con todo el oro de Moscú». Tampoco contempla el control social sobre el uso posterior de los metales y minerales obtenidos (por ejemplo el uso para industria bélica de grandes potencias). Y por otro lado confirma una visión predominantemente fragmentada y economicista de la problemática, cuando en realidad la problemática es notoriamente más compleja que una simple ecuación financiera o una burda relación costo-beneficio.
Lo que, intencionadamente o ingenuamente, dejan de lado estas visiones simplistas es la complejidad intrínseca en el que está envuelto todo proceso de intervención minera en una región. Pues la minería a gran escala y a cielo abierto implica romper toda una serie de lazos y relaciones no solo económico-ambientales, sino también sociales, culturales, territoriales y políticas. Dado que su altísimo nivel de impacto y destrucción va mucho más allá de la contaminación o del problema de las regalías o las cuentas impositivas o de ingresos o egresos para el Estado. Estos proyecto van de la mano con una renovada forma de conquista que implica tanto la destrucción del entramado productivo que sostiene con vida a la región como un proceso velado de colonización cultural junto a mecanismos de compra de voluntades y ruptura de los lazos comunitarios. Es evidente, que el ser un experto en minería y medio ambiente no es suficiente para ver toda la complejidad de este proceso de saqueo, aunque paradójicamente las propias comunidades afectadas si fueron y son capaces de verlo.
«A modo de ejemplo, en 1992 la pequeña mina de Summitville, en Colorado, Estados Unidos, que sólo pudo explotar minerales por un valor de 130 millones de dólares, significó para los contribuyentes locales un costo de 200 millones de dólares (hasta la fecha) para limpiar el río Alamosa, contaminado con cianuro desde el primer día de operaciones. Los ejemplos abundan, y queda claro que las ínfimas regalías que van a dejar los nuevos megaproyectos de la cordillera no podrían cubrir el costo de la más mínima eventualidad o accidente» (pp. 14)
Lo primero a destacar es la aparente convicción de que la contaminación con cianuro puede ser «remediada», lo cual es un absurdo y una falacia total. Cualquier mínimo conocimiento ecológico (el nivel empírico de la ecología) puede fácilmente demostrar que los complicados procesos de contaminación (que implican infiltración y distribución de la sustancia contaminante en múltiples formas), y en especial la contaminación con el mortífero veneno llamado cianuro, son harto difíciles de limpiar, por no decir imposibles en la enorme mayoría de los casos. Es que lo que está subyaciendo es la tesis de que el cianuro puede ser usado responsablemente, es decir con controles y manejo eficaz. Es decir otra vez el Plan «B».
En segundo lugar, se vuelve a insistir con la formula de «el que contamina, paga»; es que el problema pareciera empezar y terminar en la incapacidad que las -de por sí- ínfimas regalías poseen para cubrir el costo del daño, suponiendo, además, que tanto el daño como la amenaza de daño son aceptables y pertenecen a una inevitable «tradición» productiva. Tratemos con un ejemplo lamentablemente cotidiano: si una persona entra armada a una farmacia y exige dinero ¿necesita disparar para transformarse en asaltante? De nuevo, el saqueo se reduce a un simple reduccionismo financiero, de relativa fácil solución: se aumentan las regalías y todo solucionado; para la lógica del saqueo y los intereses a corto plazo de los saqueadores, obviamente.
«Empresas que en sus países de origen se comportan como agentes sociales comprometidos, invirtiendo en las comunidades en donde están presentes, en otros contextos y latitudes son acusadas de graves hechos de corrupción y hasta de violencia» (pp. 16)
Qué decir respecto a esto. Se trata del principal truco de la sociedad de mercado: ocultar las consecuencias sociales y ambientales que hacen o hicieron posibles sus éxitos, es decir la doble moral o «doble standard» que nunca es recíproco o se puede invertir (¿europeos mendigando en las calles de África mientras los africanos manejan Volvos? no, claro que no, pero tampoco al revés). Tratemos de poner en la misma mesa a los vecinos que viven aguas debajo de los emprendimientos mineros con los gerentes y accionistas de «exitosas» empresas mineras, inmediatamente después de hacer una gira por alguna de las cunas urbanas que albergan a sus principales beneficiarios. Pero no hace falta ir hasta Puerto Madero, los suburbios ricos de Toronto o la Bolsa de Valores de Nueva York para registrar los contrastes: todos los habitantes de la Comarca del paralelo 42 (noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro) conocen perfectamente la notoria capacidad de incidencia política, cultural e inmobiliaria de Joe Lewis, un «empresario comprometido y que invierte en su comunidad», con su cada vez más ampliada estrategia de canjear relaciones públicas a cambio del uso privado (violando incluso la ley, en complicidad con el Estado) de uno de los más bellos paraísos de la cordillera patagónica.
Lo que sucede, es que estas visiones «tecnicistas» de la existencia (tecnicismo ambiental y financiero en este caso) son incapaces de reconocer la complejidad de la vida y de las relaciones sociales, cayendo en un reduccionismo fenoménico que niega la totalidad, fragmentando la realidad en compartimentos estancos, negando así la unidad en la diversidad.
Si en cambio, no cayéramos en este reduccionismo tecnicista, podríamos ver fácilmente que la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro (o cualquier procedimiento contaminante que la sustituya) no constituye un proyecto económico aislado, sino que por el contrario se enmarca en el renovado papel asumido por América Latina y el Tercer Mundo en tanto exportador de materias primas para abastecer las necesidades del capital internacional (no las de la humanidad que sigue padeciendo hambre). Pero esta explotación de recursos naturales mantiene los patrones generales de apropiación indiscriminada descriptos claramente en, por ejemplo, «Las venas abiertas de América Latina» (de Eduardo Galeano).
Si viéramos que la lógica de acumulación y maximización de ganancias socava su propia fuente de sustentación al agotar los recursos, podríamos entender el proceso minero de forma más fácil y directa. Es que la lógica de maximización de las ganancias no tiene en cuenta (no puede tener en cuenta, por cuanto aumentaría sus costos a niveles inalcanzables) la tasa de reproducción de los recursos (en el caso de recursos renovables) o el ciclo de agotamiento o perjuicio sobre el ambiente. Esto termina generando impactos, en muchos casos irreversibles, cuyos costos los paga la sociedad en su conjunto y, muy de vez en cuando también el propio capital. La minería de oro posee la particularidad, al ser una actividad de corto o mediano plazo, de generar fuertes impactos nocivos sin que el capital que lleva adelante la extracción se vea perjudicado directamente por los mismos, ya que una vez terminada la apropiación se retira a nuevos espacios a reiniciar el ciclo. Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades locales y en el ambiente regional. Esto facilita el uso de procesos «brutales» de extracción en pos de la maximización de las ganancias. Es por esto que la minería de oro a cielo abierto constituye una actividad en la cual no está presente ninguna consideración real (más allá de lo discursivo) hacia la ecuación «tecnología de bajo impacto / preservación de la explotación en el tiempo» (formula presente en las tácticas empresariales de desarrollo sustentable), por cuanto esto implicaría aumentar exponencialmente los costos y así disminuir las ganancias en algunos casos, o renunciar lisa y llanamente el emprendimiento en otros. Pero además es importante dejar bien en claro que no existe una tecnología alternativa: la minería de oro a cielo abierto exige la destrucción de cientos de km2 de territorio, genera millones de toneladas de residuos minerales (liberando todo tipo de sustancias al aire y a los cursos de agua), implica la contaminación y/o el agotamiento de las reservas de agua regionales, el uso masivo de explosivos, y la utilización de miles de toneladas de cianuro y otras sustancias tóxicas. Es fundamental establecer que el cianuro constituye un compuesto químico absolutamente nocivo para la vida, es un veneno altamente mortal. Y por más «manejo responsable» que se haga de él, no se modifican sus cualidades altamente tóxicas y mortales.
A esto hay que sumarle la perversa legislación y marco económico que permite una de las más altas tasas de rentabilidad del mundo, las que en el caso de ser reformadas solo posibilitarían la redistribución de la renta entre el Estado (en sus diferentes niveles) y los capitales nacionales o regionales, cómplices y coparticipes ambos del proyecto minero vigente. De control social sobre el circuito total de la economía, incluyendo los riñones estratégicos, ni se habla. Del uso extorsivo de las finanzas, del comercio y de la política cotidiana para justificar roles subordinados y dominación tampoco.
Por lo tanto, a esta altura del debate, es fundamental volver a advertir sobre el «Plan B» del proyecto minero (concepto largamente tratado por las comunidades afectadas y las organizaciones contra el saqueo), es decir sobre aquellos que proponen una modificación de la legislación, o de los marcos regulatorios de las regalías y la carga impositiva, o del pedido de mayores controles por parte del Estado, pero sin alterar ni un ápice la lógica central de la carrera por la acumulación, el saqueo y la especulación global que necesariamente acompañan al proceso de extracción/explotación. El caso extremo lo constituyen estas propuestas de ciertas corporaciones técnico-político-económicas (asociadas en muchos casos con fundaciones y ONGs supuestamente ambientales o de interés ciudadano) que plantean realizar minería de oro a cielo abierto a través de un «uso responsable del cianuro» (en consonancia con la tan de moda muletilla de la «responsabilidad social empresaria»). La imposibilidad técnica, político-económica y de gestión de esta metodología de producción lo demuestran los cientos de casos de devastación ambiental y regional en todo el mundo.
«Todas las actividades humanas e industriales generan algún tipo de contaminación; el debate no debe plantearse entonces como desarrollo versus contaminación. Es necesario más bien analizar cómo se pueden minimizar las consecuencias negativas del desarrollo industrial, que en el caso de la minería presenta graves peligros e inconvenientes. Para ello, la ciudadanía debe poder participar del monitoreo’ (pág. 14)
Es exactamente así como argumenta el mismo sector minero, que pregona el desarrollo industrial genérico porque tiene ante sus ojos un mapa sin fronteras cuando se trata de sus expectativas, un mapa que sin embargo se llena de barreras de acceso al momento de repartir consecuencias o beneficios. Es por eso que suponer o proponer que «la ciudadanía debe poder participar en el monitoreo [sic]» es una propuesta de división del trabajo que resulta, por lo menos, hilarante y no respeta, por ejemplo, la histórica derrota política que las comunidades de Esquel y otras de la zona infligieron en el plebiscito de marzo de 2003 contra la política minera en la región.
No es ninguna casualidad que estas visiones tecnicistas y reduccionistas mantengan una alta coincidencia con la predica que viene desarrollando el Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development), con su capítulo nacional, el CEADS[4]. Esta asociación constituye una estrategia muy hábil de las grandes corporaciones multinacionales en pos de mostrar una cara amigable hacia los problemas de la humanidad (problemas en su mayor caso generados por la lógica presente en estas mismas corporaciones). Entre los objetivos del WBCSD figuran por ejemplo:
Participar en políticas de desarrollo con el objetivo de crear una estructura legal de condiciones para los negocios que implique una contribución efectiva al progreso sustentable de la humanidad. Contribuir hacia un futuro sustentable para naciones en desarrollo y en transición Demostrar las contribuciones que los negocios pueden hacer para encontrar soluciones basadas en el desarrollo sustentable
Creemos que no es necesario abundar respecto a que las tácticas del «uso responsable del cianuro» y de la «responsabilidad social empresaria» son las manifestaciones concretas de esta estrategia del «desarrollo sustentable corporativo». Otra clara demostración del Plan B.
Además el WBCSD posee un área especial para «Minería y Minerales» (el MMSD), en donde desarrollaron una agenda con los principales desafíos del sector frente al desarrollo sustentable[5]. Algunos de ellos son:
Manejar el impacto ambiental de las minas, asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria de minerales lograr un control, uso y manejo responsable de las tierras y desarrollar un impacto positivo en las comunidades locales.
Cualquier semejanza con las visiones tecnicistas y reduccionistas enroladas en el Plan B minero, no es pura coincidencia.
En síntesis, todas estas propuestas y análisis técnicos e intelectuales que por un lado explican los desastres ambientales y financieros que esta lógica de explotación minera implica (pero nunca llegando a revelar el desastre en términos de desarrollo social y comunitario que estos planes productivos conllevan, por cuanto están formados y son claros defensores de la lógica general de la democracia representativa -es decir restrictiva y limitada- y la economía de mercado -motorizada por aquellos que trabajan mientras otros acumulan ganancias-) pero que finalmente solo proponen mejorar los «mecanismos de control para minimizar los impactos», junto a los intelectuales y científicos que se dedican a estudiar a los movimientos sociales que luchan contra el saqueo en lugar de estudiar a las corporaciones, capitales y lógicas estatales que perpetran el saqueo, conducen -consciente o inconscientemente- a abonar y mejorar el Plan B de esta lógica expoliadora. Este Plan B se impone toda vez que las formas más burdas y descaradas de despojo encuentran resistencia en la población, por lo tanto el capital saqueador debe encontrar formas más suaves y flexibles para lograr sus objetivos expoliadores, penetrando y fragmentando la resistencia civil, lo que implica seguramente ceder ciertos márgenes de maniobrabilidad y tener que negociar ciertos márgenes «aceptables» en pos de una «minería responsable». Es que los elevadísimos niveles de rentabilidad presentes en el negocio de los recursos naturales permite esta flexibilidad, y surgen así los programas de «responsabilidad social empresaria» y de «desarrollo empresarial con conciencia ambiental». Sin lugar a dudas que estos planes B empresarios, abonados por técnicos, intelectuales y ciertas ONGs (algunos a sueldo y otros solo por vocación) son el mayor desafío a vencer por parte de la resistencia civil, dado que «de noche, todos los gatos son pardos».
Es por esto que los vecinos de Esquel, de la Comarca Andina, de los pueblos de Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Jujuy y de otros puntos del país que se van sumando, todos claros impulsores del movimiento masivo de oposición al saqueo y la contaminación, fueron y son claros y contundentes al respecto:
NO a la MINA. NO es NO! ¿Qué parte del «NO» no entienden?.
NO MINERIA A GRAN ESCALA - ASAMBLEISTAS LOS OBSERVAMOS 